Referendo Por El Agro Nacional

Referendo Por El Agro Nacional

¿Qué es un Referendo?

El referendo es  un mecanismo de participación ciudadana que está regulado por la Ley 134 de 1994.  El artículo 3 de esta ley define referendo como la “convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente.”[1]

Los referendos varían según su naturaleza (Constitucional, legislativa o reglamentaria), su cobertura (nacional, departamental y municipal) y su origen (gubernamental o ciudadana).[2]

Existen dos tipos de referendo: derogatorio y aprobatorio.

Referendo derogatorio: es el sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no.

Referendo aprobatorio: es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de acuerdo o de una resolución local, de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente.[1]

Hay tres requisitos indispensables para que un referendo sea válido:

  1. Que si es de origen ciudadano, su convocatoria esté respaldada por no menos del 10 por ciento de los ciudadanos que conforman el censo electoral
  2. Que en la votación participe no menos de la cuarta parte de los ciudadanos que forman el censo.
  3. Que la decisión respectiva se tome con el voto favorable de la mitad más uno de los ciudadanos que hayan concurrido a las urnas.[2]

 Una vez que el proyecto de referendo se inscriba ante el Registrador Nacional, la organización electoral dará un plazo de seis meses para la recolección de las firmas que lo respalden.

 El día de la votación de un referendo no puede coincidir con otras votaciones; además, la fecha para llevarlo a cabo debe estar entre los primeros seis meses posteriores a la solicitud del referendo.

 La tarjeta electoral que se utilice debe tener una pregunta dirigida a los ciudadanos en la que se les inquiera por la ratificación o derogación de la norma que se somete a dicho referendo. Para responder esto, el ciudadano tendrá una casilla para marcar “Sí”, una para marcar “No” y otra para marcar “Voto en blanco”.[1]

¿En qué consiste el Referendo por el Agro Nacional?

El Referendo por el Agro propone reformar los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Constitución Política de Colombia, adoptar medidas de protección especial a la producción nacional agraria y alimentaria,  y garantizar el crédito y la protección del trabajo y el ingreso de los productores agropecuarios del país.

Así es el Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Así quedaría con la reforma:

Artículo  64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, así como generar y promover las condiciones necesarias para su efectivo aprovechamiento socioeconómico.  Es deber del Estado proteger la producción nacional agraria, y asegurar a los trabajadores agrarios, campesinos, indígenas, comunidades negras y demás productores nacionales agropecuarios, el acceso a los servicios de educación, salud, agua potable, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, y sistemas de riego, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los productores agropecuarios y demás habitantes del campo.

La función social de la propiedad rural implica obligaciones como promover la producción y el trabajo nacional, el desarrollo agropecuario y agroindustrial. Los mecanismos de protección del mercado y de la producción interna, como herramientas de la soberanía nacional, no podrán ser eliminados ni negociados mediante tratados internacionales.

El Estado debe privilegiar la producción nacional agropecuaria, sobre la importación de alimentos, y promover su modernización y desarrollo.

Parágrafo Transitorio. El Gobierno Nacional iniciará dentro del año siguiente a la aprobación de la presente reforma constitucional la revisión de las políticas económicas y comerciales y la re-negociación de los Tratados de Libre Comercio vigentes en todos aquellos aspectos que afecten la producción nacional de alimentos, el trabajo nacional agropecuario, el acceso y conservación de la biodiversidad y el conocimiento tradicional, que poseen las comunidades y la nación, los cuales cuentan con especial protección.

Así es el Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

Así quedaría con la reforma:

Artículo 65. La producción nacional de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, desarrolladas en el territorio nacional por parte de empresas, campesinos, indígenas, comunidades negras, pescadores artesanales y demás trabajadores colombianos, así como también a la construcción de obras de infraestructura física, distritos de riego y adecuación y recuperación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación, la transferencia de tecnología, y la protección de los recursos genéticos, los cuales hacen parte del patrimonio de la nación, con la finalidad de fortalecer, en el marco del principio de precaución, la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad y el trabajo nacional ambientalmente sustentable y con equidad de género.

Es obligación del Estado promover la producción nacional de alimentos sanos y nutritivos como fuente generadora de empleo nacional, como factor de desarrollo económico y social del país y como elemento esencial de la soberanía alimentaria. El Gobierno Nacional deberá implementar políticas públicas que permitan dar cumplimiento efectivo de los fines constitucionales aquí previstos.

Parágrafo. El Gobierno Nacional presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley encaminado a impulsar una ley de Agricultura Familiar construida con participación amplia de poblaciones campesinas, comunidades indígenas, afrodescendientes y otros productores agropecuarios nacionales, y facilitará, logística y financieramente las consultas territoriales que se requieran. Esta ley tendrá como objeto el fortalecimiento de la Agricultura Familiar promoviendo un desarrollo rural sustentable con equidad de género y respetando formas de economía propia, y dirigida principalmente a las familias que producen alimentos a pequeña y mediana escala, incluyendo la pesca artesanal de mar y continental. Así mismo, mediante esta ley, el Estado debe reconocer y apoyar el derecho de las comunidades a conservar y controlar la biodiversidad y conocimientos asociados que se encuentran en sus territorios.

Así es el Artículo 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.

Así quedaría con la reforma:

Artículo 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia deberán tener en cuenta específicamente las condiciones especiales del crédito agropecuario, según los ciclos de las cosechas y de los precios, los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.

Es obligación del Estado garantizar el acceso real y efectivo al crédito por parte de todos los sectores agropecuarios. Las condiciones de los créditos agropecuarios deben partir  no de esquemas comerciales, sino de fomento y promoción, e incorporar seguros de cosecha. El Estado creará una entidad bancaria nacional de fomento agropecuario, mediante la cual se impulse la producción agraria y agroindustrial, a partir del suministro de créditos que permitan el desarrollo del campo.

 

Así es el Artículo 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.

Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital.

Así quedaría con la reforma:

Artículo  100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.

Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital.

De este artículo no se podrá derivar un trato igual y semejante a los bienes, inversiones, servicios y capitales que provengan del exterior.

Es obligación del Estado limitar la propiedad, uso y aprovechamiento de la tierra, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales por parte de los extranjeros. El Congreso de la República expedirá una ley que regule la materia.

Mayor Información:

Referendo por el Agro

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[1] Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Referendo. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/referendo.
[2] EL TIEMPO Casa Editorial. (06 de Octubre de 2002). ELTIEMPO.com todas las noticias principales de Colombia y el Mundo. Obtenido de REFERENDO: QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1315146